En el contexto de América Latina, los derechos indígenas han pasado del simbolismo legislativo a una regulación a nivel constitucional y legal; dicho proceso ha sido evolutivo, lento, tedioso y expuesto a posiciones contradictorias.

Ecuador y Venezuela son los países que tienen una regulación que ha superado las etapas del reconocimiento del derecho indígena, al garantizar y regular temas como la protección a las tierras colectivas, a la representación política directa en el Parlamento nacional, al desarrollo de una autodeterminación en los asuntos que le afecten y a la regulación del patrimonio cultural, lo cual no necesariamente implica que en dichos países se hayan alcanzado a materializar todas las expectativas indígenas. Sin embargo, ya existen mejores instrumentos legales para alcanzar los objetivos planteados.

Lamentablemente, en la mayoría de estados latinoamericanos la regulación existente es todavía insuficiente y está más pensada de acuerdo a la lógica jurídica liberal, ponderándose sobre la comunidad al individuo humano. No habría problemas en cuanto a esta afirmación, pero los problemas sociales, económicos, culturales y políticos nos demuestran que las poblaciones indígenas están en una tercera categoría de ciudadanía, por lo que los preceptos liberales -cuando se trata de un individuo indígena- no superan la fundamentación teórica.

Así por ejemplo los derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la identidad y al libre desenvolvimiento de la personalidad en una realidad agresiva no se respetan y se degradan en una realidad que excluye la particularidad. ¿Qué derecho a la vida se respetará, si los problemas de contaminación ambiental producto de actividades mineras se incrementan en territorios habitados generalmente por indígenas? ¿Qué identidad se respetará, si los programas de Educación Bilingüe Intercultural y los derechos lingüísticos (reconocidos en casi todas las legislaciones nacionales) no son efectivizados? ¿Qué posibilidad tendrá el indígena de desarrollar su personalidad si se encuentra rodeado de una barrera social, cultural e idiomática que le genera sentimientos atávicos?

La situación se vuelve más complicada si analizamos la reivindicación de los derechos colectivos puestos ya en la agenda nacional en múltiples manifestaciones (tanto académicas como políticas). Se necesita, por tanto, dar una pronta solución al problema del territorio indígena- al derecho a la propiedad colectiva- por más que esto se pueda oponer a los intereses económicos del Estado por la explotación del subsuelo (sobre todo con la minería), a la regulación del derecho consuetudinario, a la regulación de la propiedad intelectual tradicional (para evitar la biopiratería) y a la autodeterminación en temas políticos, sociales y económicos de los pueblos indígenas en sus territorios en los asuntos que les conciernen, sin que esto implique las consecuencias que tendría en el Derecho Internacional.

De esta manera, como mencionamos en un primer momento, los derechos indígenas están en la vía de una ampliación: la participación política, respondiendo no a criterios de cuotas sino a una representación política directa en el Parlamento; el reconocimiento a la propiedad intelectual colectiva (Ecuador Art. 84, Constitución 1998) y a políticas sociales directas (Ecuador); la autodeterminación en los asuntos particulares (Colombia); la vigencia del derecho consuetudinario (Colombia, Perú).

Pero -y aquí el inconveniente- estas ampliaciones implican necesariamente un conflicto con el Estado nacional que, en determinados casos, representa intereses "no tan nacionales". Para entender esta situación, se deberá observar razones históricas (el nacimiento de los Estados Latinoamericanos se hizo bajo la dirección de los criollos con la consiguiente exclusión indígena), estructurales (la percepción de que el indígena debe "incorporarse" implica una noción de separación-exclusión) sociales (discriminación), económicas (el status quo económico es casi inalterable) y políticas porque el problema de la autodeterminación asusta demasiado.

A nivel nacional y regional los derechos indígenas vienen teniendo una apertura para exponer sus planteamientos, pero, ¿qué pasa en el contexto internacional?. Al respecto, las conclusiones de algunos analistas internacionales han sido puestas en diversos informes, de los cuales nosotros resaltamos el titulado "Tendencias Globales 2015", publicado en el diario La Jornada (México) y la revista Sem Fronteiras (Brasil), de donde desprendemos la siguiente afirmación: "Los indígenas constituirán la mayor amenaza a la estabilidad de varios países americanos en el curso de los próximos 15 años", según opina la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos, conclusión a la que arribaron después de analizar los problemas de reivindicación de derechos en países como México, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Brasil y Perú. La explicación a este "análisis" obedece a la planificación de las inversiones regionales de capitales del Primer Mundo, lo que nos lleva a plantear la hipótesis de que muchas de las reivindicaciones indígenas van a ser analizadas no sólo por las partes en conflicto (indígenas-Estado), sino por grupos económicos internacionales, los cuales en la defensa de sus intereses, financiarán a notables académicos para que desacrediten, fundamenten la imposibilidad de los derechos colectivos y levanten fantasmas en la lucha por los derechos indígenas.

En síntesis -y en una perspectiva a futuro- observaremos con claridad dos posiciones antagónicas: la lucha por la ampliación de los derechos indígenas y la oposición de los Estados Latinoamericanos a dicha ampliación por los problemas políticos, sociales y económicos que afrontarán. Sin embargo los derechos de las minorías étnico culturales se van fortaleciendo, porque sus miembros están utilizando las herramientas legales oficiales tanto del sistema jurídico nacional como internacional, planteando alternativas viables, todo lo cual nos lleva a la convicción de que los derechos de las minorías tendrán una mayor vigencia y reconocimiento, esto aunque a muchos no les guste.

Lima, noviembre del 2001