Reformar el Estado es una política fundamental para transformar a un conjunto de organizaciones políticas que influyen decisivamente en el quehacer económico de cualquier sociedad. Por ejemplo, la producción y distribución de servicios tales como electricidad para hogares, involucra un conjunto de distintos contratos explícitos e implícitos entre distintos agentes privados y requiere de la participación de una serie de organizaciones estatales.

Los consumidores finales del servicio eléctrico pagan una determinada tarifa para que dicho servicio llegue a sus domicilios con oportunidad, calidad y en la cantidad deseada. Es el Estado a través de un conjunto de organizaciones que verifica la calidad, la cantidad y que el flujo sea continuo, y que la resolución de conflictos entre las partes involucradas se realice al mínimo costo y con equidad.

Si el Estado organiza sus actividades eficientemente (producir y distribuir al mínimo costo), el efecto sobre el nivel de bienestar de su sociedad es notablemente positivo puesto que la cantidad de transacciones aumenta, así como el nivel de empleo, con lo cual el nivel de pobreza se reduciría. Y en lo que respecta a los efectos a largo plazo, la inversión aumenta puesto que los agentes económicos tendrían la seguridad que el Estado como ente monopólico emisor de instituciones formales (leyes, normas, reglamentos, etc.) proveería de un ambiente de seguridad jurídica y de protección de los derechos de propiedad con lo cual se reduciría el costo de inversión y, por lo tanto, el costo de crecer.

Un problema de las distintas propuestas de reforma del Estado que circulan es que asumen que el Estado funciona como si fuera una empresa privada y ciertamente no lo es. Aun en el caso de reformas exitosas como la de Nueva Zelanda esta diferencia ha sido clara, sin que los principales auspiciadores de la llamada reforma del Estado se hayan enterado.

En general, la producción de bienes y servicios públicos enfrenta claros problemas de información que pueden ser enfrentados con técnicas desarrolladas por economistas para así diseñar mejor los contratos entre los distintos agentes involucrados.

Un primer problema de información es el caso de la selección adversa, que es el caso cuando los agentes económicos no declaran toda la verdad acerca de las características reales de los bienes o servicios que ofrecen. Un ejemplo podría ser el caso de un vendedor que declara que los bienes que ofrece son los mejores del mundo, cuando en realidad no lo son, o el caso de la compra de seguros donde el demandante de una póliza declara que está en la mejor de las condiciones físicas, cuando en realidad no lo está.

Un segundo problema de información es el caso que una vez realizada una transacción, las acciones de una de las partes involucradas en dicha transacción afecta negativamente el valor de una variable importante de una de las partes involucradas. Por ejemplo, si uno alquila un departamento, el cuidado o no que los inquilinos tengan respecto a la propiedad influirá en el valor del activo para el propietario. A este segundo caso se le denomina el problema del daño moral.

En el diseño de una estructura óptima del Estado debemos tener en cuenta dichos problemas. Y en este sentido aun cuando sociedades distintas enfrenten problemas similares, los Estados se organizan de una manera diferente en respuesta a la dotación de factores con que cuenta, fundamentalmente por las instituciones políticas que poseen. En el caso peruano, las distintas instituciones políticas que conforman lo que seria el mercado político peruano se desarrollan dentro de un sistema presidencial.

En un régimen presidencial, los electores enfrentan dos tipos de problemas: el de selección adversa que consiste en tratar de escoger a los mejores representantes (sea Presidente o Congresistas), y el otro problema es el de daño moral (una vez elegidos los políticos, estos deciden seguir su propia agenda, y no la que el pueblo les indicó).

A este nivel, la calidad de las instituciones políticas y el nivel de organización (por ejemplo, la cantidad y calidad de partidos políticos) que una sociedad posee son los mejores instrumentos para morigerar los efectos negativos de los problemas de información arriba descritos. Por ejemplo, el hecho que exista revocatoria de congresistas, la renovación por tercios, la existencia de distritos electorales múltiples y el necesario balance entre Poder Ejecutivo y Parlamento, son las mejores armas para elegir bien y controlar mejor las acciones de los agentes de los electores a quien denominaremos el principal. En consecuencia, tenemos un problema de Principal y Agente.

Un segundo nivel de análisis en el problema del diseño de una estructura gubernamental óptima se da en la relación entre los políticos y los servidores públicos. Acá el establecer un sistema de incentivos, por ejemplo a través de una estructura de salarios y promoción o el hecho de contar con un sistema que escoja a los mejores trabajadores conduce a que el Estado funcione mejor, y consecuentemente, la sociedad en su conjunto.

Antes de definir el sistema de remuneraciones y promoción debe quedar claro las áreas de competencia, los bienes y servicios que cada una de las organizaciones del Estado se compromete a producir, y luego establecemos que sistema de distribución utilizamos: outsourcing o producción interna. El sistema de distribución está influenciado por la existencia o no de firmas en el sector privado que puedan distribuir los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad requeridos.

Si se requiere de producción interna, entonces el tema de cómo incentivar a los servidores públicos para que produzcan con eficiencia es un asunto a resolver y, fundamentalmente, está el asunto de la rendición de cuentas, y es aquí donde aparece el tema de la autonomía. No existe dicotomía entre eficiencia y autonomía como algunos gurúes de la reforma del estado lo creen o pretenden hacernos creer.

La rendición de cuentas es un mecanismo que permite alinear las acciones de los servidores públicos con los intereses de la comunidad a la cual sirven, por lo tanto los límites de la autonomía está sujeto a las exigencias impuestas por la rendición de cuentas. De otro lado, aun en las empresas privadas en las que existe separación entre control y propiedad, los ejecutivos de una empresa tienen que rendir cuentas a la Junta de Accionistas que es el máximo ente gobernante de una empresa, por lo tanto, en los organismos públicos no debiéramos esperar menos.

En consecuencia, estimado lector, reformar el Estado no es una tarea tan simple como reducir la burocracia y aumentarles el sueldo, sino que se requiere una combinación de mecanismos que cambien los incentivos de los políticos y cambiar los incentivos a nivel de las organizaciones estatales. Al igual que en el caso de las empresas privadas, el sistema de incentivos a diseñar es aquél que se puede implementar y no aquél que debiera implementarse.

La explicación de por qué el Estado peruano es altamente centralizado, hipertrofiado e ineficiente radica en el hecho que los diseñadores han organizado al Estado de una manera excesivamente reglamentarista, y han soslayado el hecho que la mejor manera de aumentar la eficiencia del Estado es a través de un diseño eficiente de instituciones que brinden incentivos para que los políticos se preocupen por hacer más eficiente al Estado. Es en mejorar la transparencia de los mercados políticos la primera tarea que debiéramos concentrarnos para reformar el Estado.

1. Una primera tarea en la Reforma del Estado es conocer el numero de servidores públicos, las distintas formas monetarias y no-monetarias de remuneraciones que los mismos perciben, y que tareas están cumpliendo. Sorprendentemente no tenemos estadísticas confiables que nos permitan conocer el tamaño del Estado y la única manera de identificar la existencia de cuellos de botella o falencias es conociendo dichas estadísticas.

2. La ley de Partidos políticos es una reforma indispensable de tal manera de dotar a organizaciones políticas de un sendero temporal más largo que permita que organizaciones políticas que inviertan accedan al Estado, y no organizaciones que presenten serias deficiencias al momento de acceder al poder. Esto es, debemos privilegiar organizaciones que han "invertido" y que tengan qué perder si es que no realizan una buena labor frente a organizaciones tipo "take-and-run" que no enfrentan costos reales si no realizan una labor en el Estado.

3. La descentralización, que es un componente esencial de la Reforma del Estado, debe implicar también una reforma política. Los alcaldes deben estar sujetos al estricto control de los miembros de sus localidades. Esto es, la descentralización no sólo es económica o fiscal sino fundamentalmente política.

4. Los organismos reguladores deben estar sujetos al control del Congreso, esto es, su rendición de cuentas es al Congreso.

5. El parlamento debe estar sujeto a la renovación por tercios y se debe aumentar el número de distritos electorales.

6. Las normas que gobiernan a los organismos públicos deben estar orientadas a premiar la eficiencia y el control debe ser sobre los resultados no sobre los insumos.

7. Los Ministerios deben tener, como en el caso de Nueva Zelanda, un responsable político y un responsable técnico, y así delimitar claramente las competencias de cada uno de ellos. De esta manera, la diferencia entre resultados y productos específicos es mas fácil de realizar.

8. El sistema de remuneración debe estar atado a un sistema de promoción, y no debe estar constreñido a una escala monetaria donde el Presidente de la República es el que gana mas. La remuneración primordial de los responsables del Ejecutivo es POLITICA.

Éstas son algunas sugerencias que creo debieran implementarse para aumentar la eficiencia del Estado; son resultado de vincular los incentivos que se presentan en los mercados políticos en un régimen presidencial con los incentivos a nivel del interior de una organización pública. Nos faltaría analizar el rol que juegan los organismos multilaterales, pero ese análisis lo dejaremos para una próximo articulo.