Gonzalo Gamio Gehri
Hace unos pocos días,
circuló por los medios de prensa mundial la noticia de que Alberto
Fujimori Fujimori - ex presidente del Perú, depuesto en 2001 por
incapacidad moral para ejercer el cargo - estaba pensando seriamente
abandonar su dorado refugio japonés y volver a la política peruana en un
futuro relativamente cercano. Según precisa la nota, sus más leales
seguidores estarían acondicionando una oficina dirigida a
"limpiar" su imagen pública - léase tomar distancia respecto
de Montesinos -, reagrupar los fragmentos del ex oficialismo en un nuevo
partido político (que habría de llamarse "neo-fujimorismo") y
así ir preparando el terreno para una nueva incursión política de
Fujimori en las elecciones generales de 2006.
La noticia no deja de
desconcertar a quienes considerábamos que la aparatosa huida del ex
presidente a Japón había cerrado el capítulo final de su convulsionada
biografía pública. Sigo pensando que el tema del "individuo
Fujimori" tendría que ser ante todo un asunto judicial, y acaso un
problema relativo al juego de fuerzas entre las relaciones internacionales
y las demandas éticas por hacer cumplir los Derechos Humanos y castigar a
quienes los han infringido desde el poder. La actitud del gobierno de
Japón ha bloqueado sistemáticamente cualquier intento del estado peruano
por iniciar el proceso de extradición del ingeniero Fujimori, sobre el
que pesan acusaciones de crímenes de lesa humanidad, corrupción y
abandono del cargo. No obstante, "el fujimorismo" - esto es, los
diversos modos de recibir y de valorar el talante autoritario y contra-institucionalista
que caracterizó al régimen de Fujimori - dista de ser un problema que
hayamos superado completamente en la sociedad peruana.
Se trata de un complejo
fenómeno sociopolítico en el que convergen autoritarismo, mesianismo y
un particular desencanto frente al ejercicio de la ciudadanía activa.
Hugo Neira lo ha descrito magníficamente evocando la noción renacentista
de "servidumbre voluntaria". Esta no es una actitud nueva en la
historia peruana, pero puede graficar bastante bien los modos de actuar (y
de no actuar) de muchos peruanos y peruanas bajo el gobierno dictatorial
de Fujimori, al menos entre 1992 y 1997. Nos referimos a una especie de
"trueque" - silencioso, pero patente - en el que los ciudadanos,
a cambio de una cierta "eficacia administrativa" por parte del
gobernante (p.e., en términos de medidas macroeconómicas
antiinflacionarias o en políticas de lucha contra la subversión),
renuncian al ejercicio de sus derechos políticos, a participar en la vida
pública, o incluso a censurar casos evidentes de corrupción, genocidio o
de comportamiento autocrático en el ejecutivo. En efecto, Fujimori y su
cúpula cívico - militar quebraron el orden democrático, redactaron una
constitución a la medida de sus ambiciones particulares, controlaron
ilegalmente el poder judicial y los medios de comunicación, persiguieron
a sus opositores políticos, constituyeron comandos paramilitares que
actuaban al margen de la ley, entre otros delitos contra la democracia y
los Derechos Fundamentales. Todo esto era historia conocida mucho antes de
1997, pero muchísima gente prefirió simplemente mirar a otro lado y
guardar silencio. Los problemas de recesión, pobreza extrema y desempleo
eran aprovechados por Fujimori y sus socios para generar formas de
clientelismo político, como la creación de un "mercado
cautivo" entre los más pobres y excluidos, que podría ser utilizado
electoralmente en su momento. Mucha gente - entre los que se contaban
importantes académicos y políticos - asumieron una actitud claramente
condescendiente frente a esta forma de opresión e injusticia.
"Necesitamos a un Pinochet", decían.
¿La tentación autoritaria
ha sido extirpada de la mente y el corazón de los peruanos? ¿Ha quedado
en el pasado esta tendencia - otrora recurrente - a someterse dócilmente
al dictador y renunciar a la condición de ciudadano? Aunque la decidida
movilización de nuevos grupos de la sociedad civil ( especialmente
estudiantes y trabajadores) puso de manifiesto la relevancia de la acción
ciudadana en el derrumbe de la dictadura fujimorista, la prudencia y el
sentido común nos invitan a no cantar victoria aun en este respecto.
Luego de un corto pero revitalizador gobierno de transición - que tuvo
entre sus medidas más importantes la puesta en marcha de una
institucionalizada lucha contra la corrupción, la composición de mesas
contra la pobreza y la configuración de una Comisión de la Verdad - los
problemas en el Sur del país vinculados a las nuevas privatizaciones y
las huelgas sindicales han evidenciado que los grandes problemas sociales
del país distan mucho de haber sido resueltos, y exigen medidas
políticas serias y responsables. Se trata de problemas que pueden y deben
ser afrontados desde y en la institucionalidad democrática. La
indignación, el disentimiento y el anhelo de justicia son sentimientos y
actitudes que invitan a la movilización pacífica y a la deliberación
pública, tanto en el nivel de la sociedad civil, los partidos políticos
como en las instituciones del Estado; su expresión social y política
forma parte de la lucha democrática por reconstruir los espacios de
civilidad y justicia en el país. Los remanentes del fujimorismo esperan
que esos espacios de descontento sean llenados más bien con la nostalgia
del autoritarismo y la resurrección de la servidumbre voluntaria. Es por
ello que los medios de comunicación otrora próximos al fujimontesinismo
(como Expreso) han procurado ridiculizar iniciativas tan importantes para
el futuro de la democracia como el Acuerdo Nacional, firmado
recientemente.
La estrategia de los ahora
autodenominados "neofujimoristas" consiste en poner énfasis en
la supuesta "inoperancia" o la "ineficacia" del
sistema democrático y sus instituciones. Las situaciones críticas que
hoy afrontamos no debe llevarnos a escuchar los cantos de sirena del
autoritarismo. Tocar las puertas de los cuarteles o invocar el retorno de
los autócratas no es la solución. La concentración del poder no es
"socialmente eficaz": lleva solamente a la cancelación de las
libertades ciudadanas, y a la exclusión económica y política de la
mayoría de los ciudadanos. Contribuye - eso sí - a engrosar las cuentas
bancarias de los poderosos. El fortalecimiento de la democracia es
responsabilidad de todos los ciudadanos, y no sólo de sus gobernantes y
representantes: ejercer la ciudadanía involucra abandonar el rol de
espectadores y asumir el de agentes políticos. Un eventual retorno de la
política autoritaria convertiría automáticamente en insignificante y
estéril la lucha ciudadana por la recuperación de la democracia en el
país, una lucha en la que tantos jóvenes y hombres de bien pusieron todo
su amor y arriesgaron sus vidas. Si esta gesta ética y civil sirvió de
algo es preciso rechazar con un rotundo "nunca más" las
pretensiones del ex dictador y los grupos de interés que le rodean.
En el nivel de la
propaganda, los acólitos del fujimorismo procurarán hacer valer ante la
opinión pública la imagen de un Fujimori ingenuo, engañado por un
maquiavélico Montesinos, solitario creador de una compleja red de
corrupción pública y los lazos del estado con el narcotráfico
internacional. Yo me pregunto si un cuento como ese puede resultar
creíble para cualquier espíritu sensato o mínimamente lúcido. Es una
insinuación ofensiva para con la inteligencia de los peruanos, sólo
comparable a la patética actitud de aquellos que, perteneciendo al
entorno inmediato de Fujimori, pero intuyendo el acelerado final del
régimen, pretendieron aparentar su "independencia política"
respecto del derruido régimen denunciando la existencia de un "poder
oculto" (a pesar de haber defendido apasionadamente en su díaa el
fraude electoral del año 2000 o la Ley de Amnistía). Resulta imposible
creer seriamente que alguien como Fujimori - que declaraba a la prensa
internacional estar "fascinado con el poder" y que aseguraba
estar al tanto de todas las decisiones que se tomaban en la esfera del
Estado - desconocía los métodos y las negociaciones secretas de su más
cercano colaborador y asesor, a quien - por otro lado - defendió a capa y
espada incluso después de hecho público el vídeo Kouri - Montesinos.
Aquel estilo pretendidamente gerencial y vigilante es incompatible con
aquella "ingenua ignorancia" a la que ahora parece apelar en su
defensa.
La acelerada búsqueda de
Montesinos en sus múltiples viviendas - con todo el despliegue policial
digno de una película de Chuck Norris - le otorga más peso a la tesis de
que el entonces mandatario intentaba desesperadamente destruir cualquier
prueba audiovisual que lo incriminase como una de las dos cabezas de la
mafia palaciega. Su apurado escape del país, siguiendo un minucioso plan
que incluía la distracción deliberada de los periodistas como la
preparación de un nutrido y sospechoso equipaje - y no olvidemos la
renuncia presidencial vía fax, redactada en el Extremo Oriente -
responden más a la conducta del cómplice de un delito que quiere huir
del castigo de la justicia que al comportamiento de la autoridad que ha
sido traicionada por un subordinado. Corresponde al Congreso de la
República y al Poder Judicial seguir investigando estos hechos, y a la
sociedad civil el vigilar que estas indagaciones avancen sin obstáculos.
Si Fujimori estaba al tanto y colaboraba estrechamente con su asesor, es
un delincuente. Si misteriosamente desconocía las acciones de Montesinos
y su red de corrupción y muerte - hipótesis completamente inverosímil -
es a todas luces un inepto. Y el Perú no necesita ni una cosa ni la otra.
Gonzalo
Gamio Gehri
Profesor de filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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