Profesor de Filosofía, Etica y Cultura de Paz en la PUCP
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Síntesis: El concepto de sociedad civil vive aún en claroscuro. Despejar las sombras que lo rodean permite reconocer nuevos espacios para la práctica política ciudadana y deja conocer que su espíritu vigilante es tan imprescindible como invalorable para mantener el cauce democrático.
Desde los tiempos de la lucha contra la dictadura y la recuperación de la democracia, el concepto de sociedad civil1 -así como su rol al interior del régimen republicano- ha cobrado una singular importancia en la discusión pública en el país. En los fueros parlamentarios y ciudadanos hoy se discute acerca de la necesidad de encontrar alguna forma por la que la sociedad civil pueda estar presente incluso en las comisiones de reforma del Poder Judicial o en la formación de eventuales 'consejos de ética' que supervisen la actuación de los medios de comunicación o los poderes del Estado.
Representación y participación cívica. Dimensiones necesarias y complementarias en una democracia. La sociedad civil también ofrece espacios para la práctica política ciudadana.
Por otro lado, se asocia fuertemente el concepto de sociedad civil con los espacios ordinarios de participación directa del ciudadano común en los debates públicos y en el diseño de programas sociales y políticos. Se dice –y creo que con toda razón– que en nuestro tiempo podemos identificar una sociedad como realmente democrática en la medida en que cuente con una sociedad civil organizada.
En la historia de la filosofía política occidental, por 'sociedad civil' se ha entendido tres cosas diferentes, que es preciso no confundir (como se ha hecho, por desgracia, muchas veces2). Inicialmente, societas civilis constituía la expresión latina para traducir koinonía politiké (comunidad política), concepto utilizado por Aristóteles y otros pensadores griegos de la vida pública. Los autores romanos, Hobbes y Kant utilizaban el término como sinónimo de 'Estado' y de 'estado social'.
El primero en distinguir filosóficamente entre el Estado y la sociedad civil fue Hegel, tanto en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas como en sus Principios de Filosofía del Derecho. En su concepción de la Eticidad moderna, reconoce con claridad tres instancias éticas de interacción humana: aquella en la que la sangre y el afecto mutuo es el fundamento de los vínculos humanos (la familia); el ámbito de las relaciones socioeconómicas desarrolladas en el mundo del trabajo y del mercado (sociedad civil) y los espacios de deliberación y decisión políticas (el Estado). Para Hegel y los hegelianos del siglo XIX -en el pensamiento de Marx, la visión hegeliana de la sociedad civil es aplicada sin mayores cambios- se trata del espacio en el que se plantea el conjunto de conflictos de interés y necesidades, y de los vínculos pre-políticos de solidaridad particular (corporaciones) y pública (policía).
El tercer concepto de sociedad civil corresponde a la definición actualmente en uso en la filosofía política contemporánea. Es también el enfoque que goza de consenso al interior de las teorías de la democracia y el que subyace a nuestras polémicas cotidianas en la arena pública. En un sentido posthegeliano -republicano o cívico-humanista- se llama 'sociedad civil' al conjunto de instituciones cívicas y asociaciones voluntarias que median entre los individuos y el Estado. Se trata de organizaciones que se configuran en torno a prácticas de interacción y debate, relacionadas con la participación política ciudadana, la investigación, el trabajo y la fe; constituyen por tanto espacios de actuación claramente diferenciados respecto del aparato estatal y del mercado. Las universidades, los colegios profesionales, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades religiosas, etc., son instituciones de la sociedad civil. La función de estas instituciones – desde un punto de vista político– consiste en articular corrientes de opinión pública, de actuación y deliberación ciudadana que permita hacer valer las voces de los ciudadanos ante el Estado en materia de vindicación de derechos y políticas públicas. Ellas buscan configurar espacios públicos de vigilancia contra la concentración ilegal del poder político (y económico).
