El control social de la gestión estatal. Políticas de transparencia y Gobiernos Regionales.
03/03/2009
Juan José Ccoyllo
Profesor de Ética y Gestión de la PUCP
1
Síntesis: Las acciones realizadas por el Estado son insuficientes para difundir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, capacitar a los funcionarios públicos y monitorear la implementación de medidas que aseguren la transparencia de sus gestiones. Los trabajos del Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad, y, sobre todo, del Grupo Propuesta Ciudadana -específicamente la elaboración de evaluaciones y rankings- han generado una relación de competitividad y mejora constante de los gobiernos regionales, competitividad que se basa en el deseo de conseguir reconocimiento público y legimitimidad para el éxito en la carrera política.
Documento sin título
En el marco del proceso de descentralización, se han introducido una serie de mecanismos de participación y vigilancia ciudadanos en los gobiernos regionales y locales, tales como los Consejos de Coordinación, los presupuestos participativos, los comités de vigilancia del presupuesto participativo y otros espacios de concertación temáticos. Todos estos espacios de participación -abiertos por el Estado- están reglamentados y normados, pues son mecanismos formales de participación.
Diferente es el caso cuando la participación se desenvuelve al interior de las organizaciones de la sociedad civil. En efecto, la sociedad civil es un ámbito autónomo, diferente de la economía y del Estado. Su principal característica es que se estructura a través de interacciones libres orientadas al diálogo. Ella está conformada por una diversidad de movimientos, asociaciones y organizaciones libremente creadas que persiguen fines sociales, culturales, religiosos o humanitarios. Algunos ejemplos son las universidades, los colegios profesionales, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones vecinales, o las organizaciones gremiales. En este artículo nos vamos a centrar en algunas ONG que realizan labores de vigilancia ciudadana.
La sociedad civil tiene una influencia sobre el Estado a partir de la opinión pública política que en ella se genera. La importancia de la opinión pública deriva de su poder para ejercer influencia sobre el sistema político, proponiendo temas en la agenda pública y soluciones a los problemas planteados 1. Los asuntos alrededor de los cuales se configura la opinión pública se refieren a problemas de la sociedad, que son de interés general y afectan los ámbitos de la vida privada. La opinión pública política los identifica, tematiza y desarrolla. El consenso que suele acompañar a la opinión pública se deriva de su estructura dialógica, que se caracteriza por permitir una comunicación igualmente abierta para todos sobre temas diversos de interés general.
En el abanico de instituciones y organizaciones de la sociedad civil en el Perú, se encuentran aquellas que, como las ONG o los medios de comunicación, realizan acciones directas de vigilancia o control ciudadano a la gestión estatal. La necesidad del control social de la gestión estatal se deriva de la insuficiencia de mecanismos eficaces de control intra-estatales y a la importancia de asegurar que el comportamiento de los funcionarios públicos y la gestión estatal estén enmarcados en las normas y los procedimientos formalmente establecidos; así como evaluar críticamente las políticas implementadas por el Estado 2 .
Un tema que es clave para la vigilancia de cualquier aspecto de la gestión estatal es la transparencia, pues sin información no hay vigilancia. La Constitución reconoce como un derecho fundamental el acceso a la información pública. Este derecho constitucional ha sido reglamentado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2002). En virtud del principio de publicidad de la información pública, las entidades estatales están obligadas desde entonces a publicar información relevante sobre su gestión, a través de dos mecanismos: el portal electrónico de transparencia y la solicitud de información pública. Desde su implementación, la norma ha permitido avances en la lucha contra una cultura del secreto acostumbrada a considerar y tratar la información pública como un bien privado del funcionario o la entidad estatal.
El cumplimiento de esta Ley por parte de las entidades estatales ha sido controlado por entidades estatales, así como por la sociedad civil. Desde el Estado, fue la Defensoría del Pueblo la entidad que en un principio se encargó de difundir la Ley; capacitar a los funcionarios responsables de actualizar el portal de transparencia y entregar la información solicitada; así como realizar supervisiones trimestrales de la actualización de los portales en los Gobiernos Regionales. Otras entidades estatales, como la Presidencia del Consejo de Ministros, presenta anualmente, al Congreso de la República, un informe de las solicitudes de información atendidas por las entidades públicas. Finalmente, el ya desaparecido Consejo Nacional de la Descentralización diseñó un software para la implementación de los portales electrónicos de transparencia, pero no avanzó en la capacitación de los funcionarios regionales.
Las acciones realizadas por el Estado, principalmente por la Defensoría del Pueblo, han sido y son importantes, aunque insuficientes para difundir la Ley, capacitar a los funcionarios públicos y monitorear la implementación de los mecanismos de transparencia de la gestión estatal. Ello explica que, de parte de la sociedad civil, diversas instituciones, organizaciones y medios de comunicación hayan emprendido acciones a favor de la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Como ejemplo, se pueden citar los trabajos del Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad, y el Grupo Propuesta Ciudadana. El Consejo de la Prensa Peruana es una asociación civil sin fines de lucro, compuesto por los principales medios de la prensa escrita del país, que ha venido promoviendo el derecho a la información pública en el país a través de diversas actividades, entre las que se encuentra el monitoreo de la actualización de los portales de transparencia de las entidades del Gobierno Central (ministerios, Congreso, poder judicial, etc.) y de algunos gobiernos locales. Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad es una asociación de periodistas de acreditada trayectoria profesional; tiene una Oficina de Acceso a la Información Pública que asesora a cualquier persona u organización civil que solicite información del Estado.
Nuestro tercer ejemplo es el Grupo Propuesta Ciudadana, consorcio de ONGs que tienen como interés común apoyar la consolidación del sistema democrático, contribuyendo a la elaboración de propuestas de políticas para la reforma del Estado. A través de su Sistema Ciudadano de Vigilancia de la Descentralización (Vigila Perú) ha venido elaborando reportes cuatrimestrales de vigilancia de la gestión de los gobiernos regionales, desde que estos se instalaron, sobre diversos temas, entre los cuales se encuentra el tema de la transparencia y el acceso a la información. La descripción más detallada de esta experiencia permite apreciar de qué forma el trabajo de vigilancia de las ONG es una alternativa frente los problemas de control interno del Estado, y cómo hace uso de su capacidad para dar publicidad a los resultados de vigilancia en la opinión pública y los medios de comunicación, y, lo que es más importante aún, permite establecer una relación de cooperación con las entidades vigiladas para mejorar su gestión.
